Es la hoja de ruta para mejorar la manera en la que construimos nuestra ciudad, ofreciendo herramientas efectivas para que cada voz cuente en las decisiones públicas. Convirtiendo a los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos en agentes de transformación, capaces de vigilar la inversión pública y de priorizar soluciones a sus necesidades reales, creando una Medellín más equitativa, transparente y democrática.

Está orientada por la Ley 1757 de 2015, con un horizonte de implementación de 12 años, que está a cargo de la ciudadanía en general, las instancias de participación ciudadana formales e informales, organizaciones sociales, instituciones del Estado, redes sociales, academia, empresa privada, etc.

Su direccionamiento está a cargo de la Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín y del Consejo Distrital de Participación Ciudadana (CDPC).